Un escándalo: El dinero de los inmigrantes

El historiador y politólogo Olivier Le Cour Grandmaison denuncia los alucinantes descuentos operados por los bancos sobre el dinero enviado por los emigrantes a sus familias en sus países de origen.

Tienen como media ingresos ampliamente inferiores a las de los nacionales de los países en los que viven, ocupan los empleos menos calificados y peor pagados. Son víctimas de discriminaciones en la contratación, de la precariedad y de despidos que les golpean más frecuentemente; y sin embargo, están obligados a sacrificios financieros significativos para enviar cada mes dinero a su familia en su país. Pobreza, privaciones, la dolorosa prueba del exilio, y para los sin papeles el miedo constante del arresto y de la expulsión. Tal es la situación de muchos inmigrantes que viven en Francia, que no es una dulce tierra de acogida como aparece en los discursos rimbombantes pero falaces de los miembros del gobierno y de la mayoría que le apoya.

En 2010, las sumas así transferidas se han elevado, a nivel internacional, a 325 millardos de dólares según un estudio del Banco Mundial, que constataba también que estas sumas son tres veces superiores a la ayuda pública aprobada por los estados que, los más ricos de ellos, no consagran más que el 0,3% de su renta nacional bruta a la ayuda al desarrollo. Algo que dice mucho sobre la pretendida generosidad de los principales suministradores de inversiones y sobre el desarrollo solidario tan proclamado por ciertos ministros de la República que, en esta materia como en muchas otras, quedan bien con la falsa moneda de sus declaraciones convencionales.

En Francia, estas transferencias alcanzaron los 8 millardos de euros en 2010, es decir una progresión del 10% por año desde 2002. Sus destinos principales son los países del Magreb y del África subsahariana. Teniendo en cuenta todos sus orígenes, estas sumas representan el 6,6% del PIB en Marruecos, el 7% en Togo, el 9,1% en Senegal, entre el 11 y el 12,5 en Mali y el 20% en las Comores. Concretamente, esto significa que decenas incluso centenares de miles de hombres, mujeres y niños, sin duda a veces también los habitantes de pueblos, incluso barrios enteros de algunas ciudades, dependen en gran medida de este dinero para vivir, comer, alojarse y, en el mejor de los casos, estudiar. Un maná indispensable pues, que no tiene en este caso nada de celeste puesto que es el fruto del duro trabajo de quienes se han visto obligados al exilio. Según algunas fuentes, estas transferencias de fondos representan más del 50% de las rentas de los beneficiarios en Marruecos, en Senegal y en las Comores, y los 2/3 en Malí y además cerca del 80% de las sumas así percibidas son dedicadas al consumo corriente. Como señala Claire Naiditch, en conclusión de su tesis de economía sostenible en la universidad de París I en 2009, el dinero así enviado tiene un “efecto positivo en el corto plazo sobre las rentas de las familias y sobre los índices de pobreza”.

Pero el caso es que, los y las inmigrantes que trabajan en las condiciones que se sabe, quitando de su escaso salario sumas sustanciales, deben pagar además, en Francia en particular, comisiones particularmente elevadas: el 15% como media por 140 euros enviados. Siempre según el Banco Mundial, las tarifas practicadas en este país son de las más elevadas del mundo. Dos operadores financieros principales dominan este mercado internacional particularmente lucrativo: Western Union y Money Gram que realizan alrededor del 65% de las operaciones y se enriquecen cobrando cada día comisiones muy importantes. Según un estudio realizado por investigadores americanos, unas comisiones del 12,5% representan entre 10 y 15 millardos de dólares por año; en lugar de llegar a sus destinatarios en los países del Sur, estos últimos acaban en parte en las cajas de las sociedades especializadas en transferencias de dinero.

Este escándalo financiero y humano es perfectamente conocido puesto que expertos del Banco Mundial han establecido por su parte que una bajada de solo el 5% del coste de estas transacciones permitiría aumentar en 3,5 millardos de dólares por año las sumas enviadas por los inmigrantes a sus familias y allegados. En la reunión del G8, que se celebró en julio de 2009 en Aquila, Italia, los jefes de estado y de gobierno habían prometido actuar y reducir el 50% los costos reales de las transferencias en el horizonte de 2013. ¡Menuda prisa! Los inmigrantes afectados estarán sin duda particularmente emocionados por tanta prevención hacia ellos. ¿Qué ha hecho el ministro francés, Eric Besson , ministro entonces de la Inmigración, la Identidad Nacional, la Integración y del Desarrollo pretendidamente solidario?. Nada o casi nada. Algunas negociaciones aquí o allá a las que se añadió la renovación de un cuadro comparativo establecido en 2007 por la Agencia Francesa del Desarrollo que permite tener conocimiento de las tarifas practicadas por las diferentes sociedades de transferencia de dinero, los bancos y Correos.

Como se puede leer en la página oficial del Ministerio del Interior hoy a cargo de la Inmigración, este cuadro “es la ilustración del compromiso, tanto del estado como de los establecimientos financieros, en lograr una mayor transparencia y una información clara y completa de los emigrantes sobre las modalidades y costes de estos envíos de dinero”. Esta prosa convencional y hueca, que moviliza algunos “elementos de lenguaje” hoy en boga entre los consejeros en comunicación encargados de promover la acción de los miembros del gobierno, no compromete a nada.

Más grave aún, las tarifas practicadas siguen siendo muy onerosas para los inmigrantes. Según confesión de Eric Besson, que celebró una conferencia de prensa el 20 de mayo de 2010 sobre este tema: “los costos de las transferencias de fondos siguen siendo muy elevados, superando muy a menudo del 8 al 10% de la suma transferida y aproximándose a veces al 20%”. Notable balance, seguramente, de quien presumía de poner en marcha una “política firme pero humana” e intentaba limpiar su miserable blasón mediante la promoción de acciones supuestamente favorables a los inmigrantes y a sus países de origen.

A los responsables políticos que dicen saber de qué hablan y afirman estar bien informados de las realidades sobre las que pretenden actuar, recomendamos la siguiente y sencilla experiencia. Que entren en una agencia parisina de Western Union, por ejemplo, y constaten que la situación no ha cambiado verdaderamente. Con destino a Africa, los “precios del servicio” son los siguientes: hasta 100 euros, los gastos son de 10 euros, de 100,1 a 200 euros, de 15 euros. Pero son de 8 euros para una transferencia inferior a 50 euros y de 15 euros para una transferencia de entre 50,1 euros y 100 euros según otras tarifas proporcionadas por el Banco Postal esta vez. En efecto, en el marco de una asociación sin duda lucrativa establecida desde 1994 con Western Union, y regularmente actualizada desde esa fecha, el Banco Postal propone en su red de más de 6.000 puntos de venta las prestaciones de esta sociedad de transferencia de fondos. Como ha reconocido el vicepresidente y director ejectivo de Western Union en Europa, Hikmet Ersek, “el Banco Postal nos ayuda verdaderamente a extender la oferta de servicio (…) en Francia”. Sin duda. /1

Pero, ¿cuáles son las condiciones financieras de este acuerdo? ¿cuantas de estas prestaciones producen beneficios al Banco Postal? ¿cómo se establecen las tarifas? Imposible saberlo. Ni el balance de actividades, ni el balance financiero de este establecimiento lo aclaran en absoluto, y uno de nuestros interlocutores, asalariado del Banco Postal con el que hemos hablado por teléfono, se ha negado a comunicarnos estos elementos de información. ¿Tendría el Banco Postal cosas que ocultar en la materia, cuando aparece regularmente en los medios hablando sobre el tema y ha movilizado hace poco al futbolista senegalés Mamadou Niang para promover la nueva tarificación aplicable a las transferencias de dinero? Misterio. Añadamos en fin que el estado es accionista al 100% del grupo La Poste y de su filial el Banco Postal, y que el ministro de responsable actualmente no es otro que Eric Besson que pretendía, en el marco de sus responsabilidades pasadas en el ministerio de la Inmigración, querer hacer bajar las tarifas de forma significativa. No ha hecho nada de ello en el pasado y persevera en esta vía cuando ahora tendría los medios para actuar. Admirable.

“Servicio” osa escribir el dirigente de Western Union. “Servicio” se puede leer también en los trípticos proporcionados a los clientes potenciales. Mejor una ignominia que prospera, en todos los sentidos del término, en un “mercado” que sigue siendo “oligopolístico” como se reconoce por parte del Ministerio de Finanzas cuando a causa de esto los y las inmigrantes y sus familias pierden cada año sumas muy importantes en gastos exorbitantes.

¿Para cuando un verdadero servicio público para ayudar verdaderamente a quienes son víctimas de estas prácticas indignas? No hay nada que esperar de este gobierno que se ensaña con los inmigrantes y con los sin papeles. Que las candidatas y los candidatos, que aspiren a reemplazar a Nicolas Sarkozy a la presidencia de la República en 2012, digan qué piensan hacer para que cese este escándalo. Hay urgencia. la vida de centenares de miles de hombres, mujeres y niños, de los más pobres del mundo, depende en parte de su respuesta.

(Visto en Viento Sur)

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