Seis millones de poderosas razones

Artículo de Antón Saracibar, veterano sindicalista de la UGT, analiza en Sin Permiso las negativas consecuencias que las medidas políticas, económicas y sociales emprendidas por este gobierno van a tener en la ciudadanía.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha celebrado dos “Jornadas” de acción sindical (13 y 14 de marzo), como suele ser norma y costumbre en vísperas de la Cumbre Europea. En esta ocasión, las jornadas han denunciado, una vez más, los efectos devastadores de la austeridad y de la disciplina fiscal exacerbada, que nos ha conducido a que 19 millones de trabajadores se encuentren desempleados en la zona euro y más de 26 millones en el conjunto de la Unión Europea (Eurostat). En las manifestaciones han destacado los problemas relacionados con los jóvenes: Alto índice de desempleo (5,702 millones, menores de 25 años, en la UE); contratos precarios; bajos salarios; escasa cualificación profesional; baja protección social; dificultad para conformar carreras profesionales completas, a efectos de sus futuras pensiones; además del difícil acceso a una vivienda en busca de su plena emancipación.

 En este marco -y bajo el paraguas de la CES-, la Cumbre Social (encabezada por CCOO, UGT y USO, al frente de 140 organizaciones sociales) acaba de celebrar manifestaciones en 60 ciudades (el pasado 10 de marzo), donde se ha puesto de manifiesto el descontento y el creciente malestar de la ciudadanía por las políticas económicas y sociales que están acentuando la recesión económica (según la Comisión Europea, en el año 2013, la economía decrecerá el -1,4% y según la CEOE, el -1,5%), el desempleo, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

 Efectivamente, 1,8 millones de hogares no tienen ningún ingreso y 1.977.826 desempleados carecen de cualquier tipo de protección social. Por su parte, el paro registrado en el mes de febrero en las oficinas públicas de empleo ha alcanzado la cifra récord en nuestro país de 5.040.222 desempleados, lo que representa un incremento de 59.444 sobre el pasado mes de enero y de 328.125 desempleados en cómputo anual, lo que significa un incremento del 6,96%.

La situación se agrava si contemplamos la pérdida de afiliación a la seguridad social. Según CCOO se han perdido 28.691 afiliados (-0,18%) respeto al mes de enero, lo que sitúa la cifra de cotizantes a la seguridad social en 16.150.747, una cifra similar a la que teníamos una década antes (2003). A estos datos hay que añadir la caída del consumo y la reducción de salarios, lo que está repercutiendo muy negativamente en la actividad económica y, como se está demostrando, mes a mes, en el empleo.

 En estas lamentables circunstancias han sido consideradas como una auténtica provocación -además de ser rechazadas con contundencia- las recomendaciones del segundo informe de la Comisión Europea encargada de evaluar el rescate de nuestro sistema bancario: nuevo incremento del IVA, endurecer aún más la reforma laboral y abordar un nuevo ajuste a la baja de las pensiones, entre otras medidas. Y eso que el Gobierno dice que España no está intervenida…

 El aumento del IVA significa penalizar a los más maltratados por la crisis al equiparar a través de este impuesto a los desempleados y perceptores de rentas salariales bajas con las grandes fortunas de nuestro país (Amancio Ortega, Alierta, Botín, González…); no debemos olvidar que es un impuesto indirecto y que con él pagan todos por igual a la hora de comprar una mercancía o un producto de consumo. Al margen de esto, también hay que considerar la incidencia negativa que tiene el IVA en el consumo interno, en la demanda, en la actividad económica y, consecuentemente, en el empleo.

 En todo caso, el informe de la Comisión no analiza el verdadero problema que tenemos en nuestro país, que no es otro que situar la presión fiscal en la media de la UE (España está más de seis puntos por debajo). Ello requiere abordar una reforma fiscal en profundidad que resulta imprescindible para dotarnos de una fiscalidad más justa, equitativa y sostenible; una reforma que debería ser la principal propuesta de la oposición política para una salida progresista de la crisis. La reforma debe abordar la fiscalidad de los ricos (impuesto de patrimonio y grandes fortunas), el impuesto de sociedades, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto ecológico, las SICAV, así como revisar la eficacia de las desgravaciones fiscales y bonificaciones a la seguridad social que tienen un buen número de empresas. A ello hay que añadir la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la evasión de capitales a los paraísos fiscales, verdaderos azotes para nuestra economía y causantes de la baja recaudación fiscal en nuestro país y, consiguientemente, del déficit público, la escasa inversión pública y, desde luego, el desmantelamiento de nuestros servicios públicos.

 En relación con la reforma de la seguridad social debemos recordar que acaba de entrar en vigor, en el pasado mes de enero, el acuerdo entre el gobierno y los interlocutores sociales, que afectará negativamente a las futuras pensiones. A lo que hay que añadir la decisión unilateral del gobierno de no revisar las pensiones actuales, que está significando la pérdida del poder adquisitiva de los actuales pensionistas. En la actualidad, el gasto en pensiones- en porcentajes del PIB- está muy por debajo de la UE y la caída de los ingresos que se producen en la actualidad se debe exclusivamente al crecimiento del desempleo.

Por otra parte, la edad real de jubilación de los trabajadores en España se encuentra cercana a los 65 años (63,8 años), por lo tanto, entre las más altas de los países de la UE y, en cambio, la cuantía media de las pensiones está muy por debajo de la media europea. No estamos, por lo tanto, ante un problema de gasto excesivo del Sistema sino ante una carencia de ingresos derivado de la actual crisis económica, el deterioro del mercado de trabajo y las consecuencias negativas de la reforma laboral en el empleo.

 A pesar de estas evidencias, la Comisión plantea nuevas medidas regresivas en relación con las pensiones, por lo que tenemos que estar atentos: Acelerar la entrada en vigor del adelanto de la jubilación a los 67 años; aumentar el periodo de cómputo de las pensiones a toda la vida laboral; adelantar la aplicación del “factor de sostenibilidad” (factor letal como medio para recortar automáticamente las futuras pensiones, al ligar la esperanza de vida a la edad de jubilación); y eliminar la revisión automática de las actuales pensiones en relación con el IPC.

 Precisamente, esto se plantea para reducir el gasto, cuando lo que hay que hacer, para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, es abordar el capítulo de ingresos del sistema: dar prioridad a las políticas de empleo sobre la corrección del déficit; combatir la economía sumergida; aumentar -o como mínimo mantener- las cotizaciones de los empresarios (no reducirlas como exige la CEOE) y, sobre todo, de los trabajadores; abrir un debate sobre los topes de las cotizaciones sociales; y, finalmente, si resultara necesario, financiar una parte del gasto en pensiones a través de impuestos.

 Sin duda, la exigencia de la Comisión tiene un marcado carácter ideológico y está muy condicionada por el interés de los bancos en defender los fondos complementarios de pensiones privados, lo que nos encamina a un Estado de Beneficencia y repercutirá muy negativamente en la redistribución de la riqueza.

 En cuanto a endurecer la reforma laboral, debemos comenzar recordando, una vez más, los destrozos que está causando: aumento del desempleo, de los expedientes de regulación del desempleo, de la contratación temporal, de las movilizaciones sociales, además de su influencia en el desplome de los salarios (mientras los excedentes brutos de explotación de las empresas continúan en tasas positivas), en los costos del despido y en la pérdida de los derechos de los trabajadores.

 Particularmente llama la atención el deterioro de la negociación colectiva. Según UGT -con datos de 2012-, la reforma ha producido el bloqueo de más de 2.000 convenios que regulan las condiciones de trabajo de más cuatro millones de trabajadores (el 37% de los regulados por convenio), a pesar de estar en vigor el acuerdo de referencia para los convenios colectivos, firmado por los interlocutores sociales (II AENC, 2012-2014). Además, con la reforma, los convenios denunciados en la fecha de publicación de la ley (julio de 2012) y que no tengan convenio superior pueden decaer y, por lo tanto, los trabajadores pueden perder sus derechos, dependiendo, en este caso, del SMI y de la regulación básica en jornada, vacaciones y condiciones de trabajo. En este sentido, de 6.000 convenios, 1.800 han sido denunciados y, por lo tanto, peligran en el próximo mes de julio -afectando a 3,5 millones de trabajadores-, a partir de lo que determine el propio contenido de su convenio, lo que nos anuncia una creciente conflictividad social y el deterioro de las condiciones de trabajo, sobre todo en las microempresas.

Lo que llama profundamente la atención es que la Comisión se insista en nuevos sacrificios para los más desfavorecidos, cuando no están consiguiendo corregir el déficit y la deuda pública y están causando destrozos en la actividad económica y en el empleo y, en cambio, no se denuncie la actitud negativa de la banca en relación con la concesión de créditos a familias y empresas para impulsar la recuperación económica y el empleo. En todo caso, estas recomendaciones desmienten rotundamente que el rescate bancario no estaba sujeto a drásticas condiciones económicas y sociales. No es extraño que la opinión pública lamente la tibia reacción del gobierno ante semejantes medidas tomadas en un despacho y al margen de las consecuencias que ello tiene en términos económicos y sociales; sobre todo cuando los nuevos sacrificios (intolerables) que se pretenden imponer se producen como consecuencia de los excesos del sector financiero en la concesión de créditos –de marcado carácter especulativo- al sector inmobiliario y de la construcción, que ha supuesto socializar pérdidas, eliminar cajas de ahorro (obras sociales) y concentrar el poder de la banca en unas pocas manos.

La respuesta ante estos atropellos se está llevando a cabo, sobre todo, desde los sindicatos y desde los movimientos emergentes, al grito de “Hay alternativas” y “Sí se puede”. Por otra parte, las movilizaciones de hace unos días están dejando en evidencia la poca presencia de la oposición política en las mismas. A pesar de esta realidad, no debemos olvidar que los movimientos sociales emergentes carecen de una respuesta organizada y de personas capaces de ponerse al frente de esta novedosa experiencia. En todo caso, la opinión es unánime: en estos momentos, una plataforma electoral, capaz de recoger el sentimiento de los movimientos sociales emergentes conseguiría unos buenos resultados electorales, como ha ocurrido en Grecia e Italia. Estas son razones poderosas para que el principal partido político de la oposición tome buena nota de lo que está ocurriendo, supere sus dificultades internas, analice a fondo la realidad social, sea capaz de hacer autocrítica y, finalmente, acelere los cambios y el calendario de las “Conferencias” encaminadas a regenerar en profundidad el aparato partidario. Requisito imprescindible para superar la irrelevancia y recuperar la credibilidad perdida; precisamente, cuando el país se afana en la búsqueda de alternativas capaces de canalizar el creciente descontento social ¿El gobierno qué hace ante la mencionada protesta ciudadana? Por el momento, ni escucha, ni sabe, ni contesta.

Antón Saracibar fue Secretario de Organización de la UGT y presidente de la Fundación Largo Caballero
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